Valor al campesino de Chiapas, ya!

¿Sabías qué…?

Según el censo de 2010, en Chiapas vivían 4.8 millones de habitantes, una población similar a la de países como Costa Rica (4.9 millones) o Nueva Zelanda (4.5 millones); el 51.2% de la población de Chiapas está dispersa en localidades de entre 1 y 499 habitantes, por lo que se consideran rurales. Es decir que en el Chiapas rural viven 2.4 millones de personas (INEGI, 2010; UNPD, 2014).

Chiapas es el segundo Estado de la República Mexicana con más población rural (9.4% del total nacional (INEGI, 2010). La mayor parte de la propiedad de la tierra en Chiapas se encuentra repartida en 2,823 ejidos y comunidades, un total de 4.44 millones de hectáreas, que es 60% del territorio estatal y 4.2% del total nacional (INEGI, 2009).

Chiapas es el estado con mayor superficie de maíz de temporal sembrada en todo México y ocupa el cuarto lugar en volumen de cosecha (SIAP, 2014)

Históricamente, Chiapas siempre ha ocupado el primer lugar entre la población más pobre de México, antes de Guerrero y Oaxaca. El 47% de la población de Chiapas se encuentra en pobreza alimentaria, esto es, que no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta de alimentos básicos; cuando hay estados como el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en donde únicamente el 5% de la población tiene pobreza alimentaria (CONEVAL, 2005).

Si bien las políticas públicas han servido para reducir la pobreza, en realidad esto es relativo: En 2010 el 78% de la población total de Chiapas estaba en alguna condición de pobreza y en 2014 se redujo a 76%, pero esto es si consideramos números relativos o promedios, pero si utilizamos números absolutos, veremos que en 2010 la población total de Chiapas en pobreza era de 3.86 millones de personas, y en 2014 en realidad aumentó al contarse 3.96 millones de personas en algún grado de pobreza. Es decir, que en sólo 4 años 100,000 chiapanecos se convirtieron en nuevos pobres (CONEVAL, 2014).

Entre 1991 y 2007 el sector rural de Chiapas perdió 2.18 millones de empleos. En el sector rural de Chiapas se emplean más de medio millón de personas, de las que 314 mil son peones contratados y 229 mil son trabajo familiar.  De las 229,918 personas que trabajan en la agricultura familiar en Chiapas, 68,022 son mujeres. El 91% del personal contratado para la agricultura es por menos de seis meses (INEGI, 2009; citado por Robles, 2013a).

El presupuesto para el sector rural en Chiapas ha aumentado los últimos años, al pasar de 17 millones de pesos en 2004 a la extraordinaria suma de 387 millones en 2013, cantidad superior al presupuesto recibido por otros estados del Sureste como Oaxaca, Tabasco, o la Península de Yucatán (INEGI, 2014).

El promedio escolar en Chiapas es de sólo 6 años cursados y 16.8% de la población no sabe leer ni escribir (INEGI, 2010). Esto representa un grave problema que se traduce en que 55% de la población tiene “pobreza de capacidades” (CONEVAL, 2005). Quizá eso explica que es el estado del Sureste con mayor cantidad de solicitudes por parte de ejidos y comunidades para programas de capacitación del sector rural en temas como los siguientes: organización agraria, administración agraria, manejo o cuidado de los cultivos o del bosque, manejo o cuidado de los animales, comercialización o derechos agrarios (INEGI, 2009).

El presupuesto de la Sagarpa para el periodo 2007 a 2010 alcanzó un total de 8,706 millones de pesos para el conjunto de programas que aterrizan en el Estado. Chiapas está en el lugar 7 de los Estados que más recursos que reciben. Pero cabe señalar que los subsidios de Sagarpa “tienden a beneficiar a los productores más capitalizados del país, mientras que castiga a los productores minifundistas temporaleros pobres y menos capitalizados” (Robles, 2013b).

¿Qué podemos hacer? ¿Qué están haciendo las organizaciones sociales, campesinas y de la sociedad civil? ¿Cómo se está ejerciendo el presupuesto público para el campo en Chiapas? ¿Es posible construir políticas públicas que tengan al pequeño productor campesino como su principal centro e interés? ¿Cómo hacer valer el trabajo campesino? ¿Cómo reconocer la importancia de las mujeres en el campo? ¿Es posible pasar de una política agropecuaria productivista a una política centrada en el valor cultural de la agri-cultura?

Para discutir estas y otras cuestiones, convocamos a una reunión general informativa y deliberativa, el próximo martes 23 de agosto de 2016, de 10 a 13 hrs (iniciaremos en punto), en la sala de juntas del Museo Café, ubicado en calle Adelina Flores núm. 10, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Convoca: Iniciativa Valor al Campesino Chiapas (Coopcafé, ANEC-Tojtikes, UNORCA Chiapas, OCEZ-CNPA, BATSIL ANTSETIK AC, SOLMUNDI AC, CEADER, Colectivo Isitamé, Universidad Autónoma Chapingo, Red Mesoamericana, Coop. Bienestar para el trabajo de La Selva Negra).

Fuentes citadas:

CONEVAL. 2014. “Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos.” México: Consejo Nal. de Evaluación de la Pol. Soc.

CONEVAL. 2005. “Población total, pobreza por ingresos, indicadores, índice y grado de rezago social, según entidad federativa, 2005.” México: Consejo Nal. de Evaluación de la Pol. Soc.

INEGI. 2009. Censo Agropecuario 2007; IX Censo Ejidal. México: Inst. Nal. Estad. Geo. Informática.

INEGI. 2014. “Inversión pública federal ejercida en el sector rural por entidad federativa. 2004 a 2013”. En: El sector alimentario en México 2014. México: Inst. Nal. Estad. Geo. Informática.

IVC, 2015. Iniciativa Valor al Campesino. En línea: http://subsidiosalcampo.org.mx/wp-includes/textos_pdf/Valor_al_Campesino_Reporte_completo.pdf (descargado el 04/08/2016).

Robles Berlanga, Héctor, 2013a. El Empleo en el sector rural en México. México: FUNDAR/Subsidios al campo. México. En línea: http://subsidiosalcampo.org.mx/

Robles Berlanga, Héctor, 2013b. Ejercicio del presupuesto de SAGARPA por programa y entidad federativa. México: FUNDAR/Subsidios al campo. México. En línea: http://subsidiosalcampo.org.mx/

SIAP. Servicio de Información Agrícola y Pecuaria. SAGARPA, México, En línea: http://www.siap.gob.mx/ (consultada el 4 de septiembre de 2014).

UNPD. 2014. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Los agricultores brasileños dicen que el maíz transgénico BT ya no es resistente a las plagas

por NOTICIASDEABAJO • 30 JULIO, 2014

Solicitan a Monsanto y otras empresas de Biotecnología que les devuelvan las cantidades destinadas a tratamientos fitosanitarios adicionales

Por Deirdre Fulton, 29 de julio de 2014

La Asociación de Productores de Maíz y Soja de la región de Mato Grosso dijo que los agricultores ya empezaron a notar en el mes de marzo que sus cultivos de maíz transgénico no eran resistentes a las orugas que los destruyen, y se supone que el maíz Bt, que ha sido modificado genéticamente para producir una toxina que debiera repeler ciertas plagas, debiera protegerlos. Los agricultores se han visto obligados a aplicar tratamientos adicionales de insecticidas, lo que supone un mayor coste financiero y una mayor contaminación del medio.

La Asociación, Aprosoja-MT, solicita a las empresas Monsanto, Dupont, Syngenta y Dow a que les ofrezcan soluciones, así como que compensen a los agricultores por las pérdidas. En un comunicado que se puede leer en la página web Aprosoja-MT, su portavoz Ricardo Tomcyzk dijo que los agricultores han gastado en torno a 54 dólares adicionales por hectárea en la fumigación de pesticidas y que las empresas de Biotecnología les prometieron algo que no les han ofrecido, es decir, su publicidad es falsa.

Pero es poco probable que Monsanto y adláteres cedan a las pretensiones de los agricultores. Según Reuters, “las empresas de semillas dicen que ya advirtieron a los agricultores brasileños que cultivasen semillas convencionales de maíz, para evitar lo que ahora ha ocurrido: el desarrollo de resistencia a las semillas transgénicas”.

Un problema parecido ya surgió en Estados Unidos a principios de este año, cuando los científicos confirmaron que las orugas que destruyen las raíces del maíz habían conseguido desarrollar resistencia al maíz transgénico, que está diseñado para matarlas.

La respuesta de la Industria a la pérdida de eficacia de estos cultivos no es el fomentar la biodiversidad, sino la de seguir modificando aún más los organismos, según dice la organización GMWatch.

El caso de Brasil es un ejemplo de una tendencia general que está mostrando que casi veinte años después del inicio de la comercialización de los cultivos Bt, hay problemas en varios países productores de este tipo de cultivos modificados genéticamente. La Industria intenta hacer frente a este problema comercializando nuevos productos que produzcan varias toxinas Bt diferentes. El ejemplo más conocido es el maíz SmartStax de Monsanto, que ahora produce seis toxinas Bt diferentes.

Otros resultados inesperados llevarían al uso de mayor cantidad de pesticidas, como ya está ocurriendo en el Mato Grosso.

Apicultores frenan avance de soya transgénica en Yucatán

 

                                                        Boletín de prensa, 22 de julio de 2014

-       Ganan amparo, Juez anula permiso para siembra en etapa comercial de soya genéticamente modificada  

-       Se ordena a Sagarpa realizar consulta pública entre las comunidades indígenas previo a poder expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial

México, DF.- El Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán anuló un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que permitía la siembra comercial de soya transgénica en esta entidad. 

       Argumentando que dicho permiso ponía en riesgo la producción de miel mexicana en estados como Campeche, Quintana Roo y Yucatán, apicultores mayas de esta última entidad se ampararon ante la resolución de la Sagarpa, que en 2012 autorizó –con el aval de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la siembra de 253,500 hectáreas de soya transgénica en siete estados de la República (1), entre ellos Yucatán.  

       “Con esta decisión del juez queda prohibida por ahora la siembra de soya transgénica en escala comercial en el estado de Yucatán. Esta sentencia se suma a las que en marzo y abril del presente año emitió el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche, quien al resolver dos juicios de amparos presentados por apicultores mayas radicados en Campeche en contra del mismo permiso, también determinó la violación al derecho a la consulta de las comunidades mayas, así como la violación al procedimiento establecido en la propia Ley de Bioseguridad, señaló Jorge Fernández del Colectivo MA OGM.

     

      "Estamos ante un hecho muy relevante por tres razones: la primera porque hace valer el principio de multiculturalidad contenido en la Constitución, así como los derechos humanos que implica derecho a la consulta previa del pueblo maya; la segunda porque determina que la consulta previa procede para los casos de posible afectación, esto es, que no se requiere que el daño esté probado; y en tercer lugar, porque reconoce el principio 10 de la Declaración de Río, a saber, que la mejor manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades responsables a no recurrir la sentencia y cumplir cabalmente por lo ordenado por el juez, puesto que ello supondría un avance en la construcción de la democracia sustancial en el país", afirmó Ximena Ramos, asesora de Litiga OLE.

                                                                                                                                       

      “Para los apicultores de Yucatán, muchos de nosotros  indígenas mayas, esto es un gran logro porque se reconoce nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro territorio y nuestro sustento porque la apicultura es la principal actividad económica tradicional que realizamos y no queremos que nuestra miel se contamine con transgénicos ni con los productos tóxicos como agroquímicos que matan a nuestras abejas”, señaló Lorenzo Itzá Ek, apicultor maya.

El 27 de febrero de 2012, las organizaciones Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Miel Integradora S.A. de C.V. , la Sociedad de Solidaridad Social “Apícola Maya de Yucatán”, Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE) y Greenpeace demandaron a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la inconstitucionalidad que representaba el otorgamiento del permiso para siembra comercial de soya GM (2).

El Juez que resolvió el amparo a favor de los apicultores mayas (3) reconoció que éstos podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos (económicos, laborales o ambientales) por las consecuencias que pudieran generar en el entorno natural la liberación o el cultivo de soya GM y aceptó como válido el interés legítimo de los indígenas mayas cuya principal actividad económica tradicional es la apicultura, reconociendo que requieren una protección especial, por su especial condición de vulnerabilidad, debiéndose garantizar su acceso a la justicia efectiva.

También desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel.

El Juez también declaró nulo el dictamen de Semarnat que avala el permiso otorgado por Sagarpa para siembra de soya transgénica, toda vez que no se tomó en cuenta las opiniones técnicas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que señalaron "no ser viable la siembra de soya transgénica"; la autoridad judicial ordena a la Sagarpa que lleve a cabo, de manera adecuada, la consulta pública en las comunidades indígenas de Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimin, ubicadas en el estado de Yucatán, previo a poder expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial, misma que deberá realizarse por los medios idóneos que estén al alcance de dichas comunidades indígenas, dentro de los seis meses contados a partir de que se notifique a las autoridades responsables esta sentencia, una vez que sea definitiva.

“Aprobar cultivos transgénicos en la península de Yucatán es un acto arbitrario que nos afecta a los pueblos indígenas al anteponer los intereses de las corporaciones sobre los pueblos y comunidades mayas que por años hemos vivido de la apicultura. Si las autoridades mexicanas siguen permitiendo la liberación de transgénicos al medio ambiente arruinarán por completo al sector apícola, fundamental para la agricultura y los ecosistemas.  Este caso nuevamente demuestra que una agricultura campesina sustentable es incompatible con el modelo de los cultivos transgénicos”, Lorenzo Itzá Ek.

“El flujo del polen transgénico representa un estigma en la calidad de la miel mexicana poniendo en riesgo una de las pocas ventajas comparativas con las que cuenta nuestro país dentro del mercado global. México es el tercer exportador de miel a nivel mundial, 40% de la miel nacional se obtiene de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, el 98% de la miel de la Península se exporta a la Unión Europea, y alrededor de 20 mil apicultores de origen indígena viven de esta actividad y el actual gobierno de Enrique Peña Nieto pretende borrar el contenido indígena del campo mexicano, por eso es importante una prohibicion total a la liberacion de transgenicos en la Peninsula”, expresó  Pablo Duarte, coordinador de la Unorca-Yucatán.

En ese sentido el gobierno federal  debe garantizar  zonas libres de transgénicos, petición a la que se ha negado la SAGARPA y lo cual representaría una medida definitiva para proteger el campo mexicano, a las comunidades, a los productores y a los consumidores de la imposición de soya, maíz o cualquier otro cultivo transgénico, en nuestro campo, en nuestra mesa, en nuestra dieta, y en nuestra salud, concluyó María colín, representante legal de Greenpeace México.

Notas:             

(1)    El 17 de febrero de 2012, la empresa Monsanto presentó ante el SENASICA, una solicitud de permiso de liberación comercial de soya GM, MON-04032-6, tolerante al herbicida glifosato, en diversas regiones de la Península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. Dicha solicitud quedó registrada bajo el número 007/2012

(2)    La denuncia obedeció a la violación del derecho al medio ambiente sano desatendiendo el principio precautorio establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM); a la violación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta pública, impedidos de conocer la información de manera oportuna y, por tanto, sin derecho a la participación; a la violación al derecho al trabajo; así como a la omisión de las opiniones negativas a la siembra de soya transgénica emitidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp),  la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el Instituto Nacional de Ecología (INE)..

(3)    El amparo 286/2012 fue resuelto el 23 de junio por el amparado en la solicitud 007/2012

(4)    La Semarnat-DGIRA deberán dejar insubsistente el dictamen S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./3530, de fecha 11 de mayo de 2012.