Asisten diputados y grupos campesinos, indígenas y populares
La Jornada, 22 de junio 2014.
San Cristóbal de Las Casas. Representantes de más de 40 organizaciones de 19 estados que asistieron al Encuentro Nacional Indígena, Campesino y Popular por la Resistencia, los Derechos y las Autonomías, advirtieron que no entregarán “ni un milímetro de nuestras tierras y ni un ápice de nuestros derechos” a las empresas nacionales y extranjeras que pretenden beneficiarse con la reforma energética y sus leyes secundarias. Advirtieron que si es necesario, acudirán a organismos internacionales para defender sus recursos y sus tierras.
“Les decimos que no queremos sus leyes abusivas y expropiatorias disfrazadas con la causa de ‘utilidad pública’; no queremos ‘empleo ni bienestar’ ni más ‘desarrollo ni progreso’ a cambio del despojo y la destrucción de nuestra madre Tierra, cultura, territorios y derechos como pueblo y nación y del saqueo indiscriminado de nuestras riquezas naturales y del subsuelo”, afirmaron en las conclusiones de la reunión, que se realizó en esta ciudad con 500 asistentes.
Advirtieron a los tres niveles de gobierno y a las empresas mexicanas y extranjeras “que preparan sus leyes y acuerdos, que alinean sus capitales y ejércitos, que reciben sus patentes de corzo para apoderarse de nuestras tierras y territorios, que tenemos el derecho a ser escuchados, consultados y a decir ‘no’ al despojo y el saqueo”. Manifestaron que si es necesario acudirán a las instituciones internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos indígenas.
Reunidos en el centro de convenciones de El Carmen, los participantes discutieron nueve temas en mesas de trabajo. En las conclusiones se pronunciaron “por la no privatización y la entrega del suelo patrio y de los recursos estratégicos de la nación a empresas privadas y extranjeras”. Exigieron la implementación de políticas públicas que reconozcan la libre determinación de los pueblos, la autonomía y el derecho a la tierra, el territorio y sus bienes naturales, así como que se cumplan y se conviertan en ley los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Aseguraron que el gobierno de Enrique Peña Nieto “impulsa una reforma al campo que atenta contra la propiedad social de la tierra, intentando eliminar la figura del ejido y comunidad para facilitar la entrega de concesiones y saqueo de territorios con recursos como el agua, el petróleo y minerales”. Subrayaron: “Por la memoria y la resistencia de nuestros ancestros, por nuestra madre Tierra, por nuestras hijas e hijos, por las generaciones futuras y por los derechos de la humanidad, les decimos que no se entregará sin lucha ni un milímetro de nuestras tierras y ni un ápice de nuestros derechos”.
En el encuentro participaron la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Organización Proletaria Emiliano Zapata Democrática, la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática, la Comunidad Zona Lacandona, entre otras, así como diputados federales y estatales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).
